Fuente: EL DIARIO 14/07/2010
El concejal Leandro Altolaguirre, quien presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas una denuncia para que se aclaren las irregularidades referidas a las políticas de Niñez y Adolescencia, insistió ayer en que la solución para la problemática es la adopción.
El dirigente viene movilizándose y mostrándose preocupado por la problemática. En las últimas horas pidió una audiencia con el fiscal de Investigaciones, Juan Carlos Carola.
El presidente de la Asociación Alihuen quiere “tomar conocimiento sobre los avances de la denuncia oportunamente presentada, en especial sobre lo atinente a los menores ubicados en el hogar de Contención” al que aludió en una presentación anterior (niños que están en una pequeña localidad del interior), la situación en la Ciudad de General Pico y sobre la solicitud de información parcialmente contestada por el Ministerio de Bienestar Social.
“Cada niño tiene derecho a crecer y desarrollarse en el seno de su familia de origen, pero... ¿por qué un niño huérfano, un niño separado definitivamente de su medio familiar por causas justificadas, un niño abandonado, debe permanecer uno, tres, cinco o más años de su infancia internado en hogares sustitutos o minihogares privándolos del amor y la contención de su familia definitiva con la repercusión negativa que ello tiene en su desarrollo psíquico?”, se preguntó el edil.
“En estos casos, la adopción es el camino para garantizar el Derecho Constitucional de estos niños a crecer y desarrollarse en el seno de una familia”, remarcó.
Recordó que “los niños tutelados por el Estado también tienen derecho a que alguien les brinde afecto, atención y protección”.
Recordó, finalmente, que la Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en su artículo VII establece que todo niño tiene “derecho a protección, cuidado y ayuda especiales”. Esa garantía ha sido ratificada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida por Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 19 que dice que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
